La Diputación de Salamanca dio ayer el visto bueno al informe para la constitución de la nueva mancomunidad de municipios de aguas Agueda-Azaba, integrada por las localidades de La Alberguería de Argañán, Casillas de Flores, Fuenteguinaldo, Ituero de Azaba, Puebla de Azaba y Campillo de Azaba. Dicha mancomunidad tendrá su sede en Fuenteguinaldo. 

Por otra parte, la institución provincial acordó una serie de subvenciones en materia social, dirigidas a colaborar con las ONG, con los centros de servicios sociales (en este caso, ayudas dotadas de 90.000 euros), así como a las asociaciones de mujeres, las cuales tendrán una ayuda máxima de 18.000 euros. Para el mantenimiento de los centros de servicios sociales, se ha destinado una partida de 90.000 euros para corregir las máximas deficiencias de los mismos. En este sentido, la Diputación de Salamanca también ha establecido una convocatoria de subvenciones abierta a corporaciones locales con población inferior a 5.000 habitantes para la realización de proyectos de drogodependencias durante este año, por un importe de 54.000 euros. 

También la corporación provincial decidió ayer organizar la séptima edición del curso de actividades físicas para mayores, con el objetivo de contribuir a la formación de personas del entorno salmantino para que puedan actuar en el campo de la actividad físico-deportiva y recreativa para jubilados. 

La actividad está dirigida a 30 personas y pretende dotar a los alumnos de los medios didácticos básicos para la planificación, programación y ejecución de actividades físicas y deportivas. 
 

La Fundación Naturaleza y Hombre, respaldada por la Fundación La Caixa, continúa con sus acciones de reforzamiento de las poblaciones de conejos en la comarca mirobrigense, en una actuación enmarcada en el proyecto de recuperación y conservación natural Área para la vida ‘Riscos del Águeda y su entorno’. Hoy jueves, a las 12 del mediodía, procederá a la suelta de una veintena de ejemplares en una zona de monte bajo de la localidad de Martiago. El objetivo fundamental es devolver la población de esta especie –clave en la preservación del equilibrio ecológico del área– a sus niveles habituales tras años de regresión debido al azote de múltiples plagas.

Esta suelta es la primera de una serie de reintroducciones cuyos efectos se dejarán notar en especies de depredadores que tienen en el conejo la base de su dieta. En este grupo destacan rapaces como el águila y el búho real, así como posibles ejemplares locales de lince ibérico. A estas sueltas, se suman los convenios establecidos por la Fundación Naturaleza y Hombre con los cotos de la zona, que determinan el establecimiento de vedas para la caza de conejos en las áreas de actuación.

Los conejos que serán soltados han pasado de forma previa por un periodo de cuarentena y adaptación al medio en un cercado establecido a tal efecto en la localidad de La Encina. En Martiago, su nuevo entorno, los ejemplares reintroducidos ocuparán vivares artificiales que se circundarán de forma temporal con pequeños cercados. Estos obstáculos permitirán a los conejos una inserción paulatina en su hábitat de acogida, impidiendo que se conviertan en víctima propiciatoria de los depredadores. Mientras permanezcan separados del exterior recibirán agua y comida a través de varios operarios de Fundación Naturaleza y Hombre, posibilitando una reintroducción definitiva con éxito.

:: Proyecto Área para la vida 
El proyecto Área para la vida ‘Riscos del Águeda y su entorno’ contempla la creación de una zona de protección municipal en la comarca de Ciudad Rodrigo, mediante convenios con los ayuntamientos y la adquisición de terrenos de alto valor ecológico. Esta iniciativa, que se desarrolla en los términos municipales de Martiago, Pastores, La Encina y Ciudad Rodrigo, se dirige a la población, centros educativos, ayuntamientos y cazadores.

Los objetivos fundamentales son la preservación del medio natural y el fomento de la mejora de especies y hábitats. Como resultado de su consecución, se pretende contribuir al descenso del éxodo rural, a través de las vías de desarrollo alternativo abiertas por esta estrategia de conservación. El proyecto aplica una planificación y gestión que compatibiliza el progreso económico con la conservación de los principales valores naturales de los municipios. A su vez, trata de implantar una política ambiental de ámbito municipal, fundamentada en la protección de áreas que albergan especies de fauna y flora amenazadas y en la sensibilización ciudadana sobre la importancia de conservar esta zona, todo ello promoviendo la participación de los jóvenes.
 

Ecologistas se refirió a la petición realizada por la Audiencia Nacional para que el ingeniero director de las obras de la presa elabore un informe sobre la posibilidad de utilizar la presa de Irueña con la construcción actual como presa de ‘agujero’, uno de los argumentos defendidos por los ecologistas y que sería «más que suficiente» para preservar a Ciudad Rodrigo de las inundaciones que provoca el río Águeda en el barrio de El Puente.

:: Un informe «viciado»
Sin embargo, su portavoz señaló que esta providencia de la Audiencia Nacional «está viciada y la vamos a impugnar», al considerar que debería ser un ingeniero independiente el que realizara este informe «porque el ingeniero director de la presa –Isidro Lázaro– ya se ha manifestado contrario a la presa de ‘agujero’». 
«Aunque consideramos positiva la providencia, no daremos por bueno el informe que presente el ingeniero director», indicó Manuel Hernández, que también hizo referencia a la denuncia presentada por Ecologistas en Acción ante la Unión Europea contra el Estado español «por infracción de la normativa comunitaria» en materia de declaración de impacto ambiental en la ejecución del proyecto de la presa de Irueña.

Esta denuncia en la UE –que los ecologistas explicaron ayer al subdelegado del Gobierno, Jesús Málaga, ofreciéndose a mediar entre las partes implicadas– recoge que una vez que se obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable a la presa, con todas las dificultades que recogía la resolución, a cambio de renunciar al aprovechamiento hidroeléctrico y pasado un tiempo prudencial, «se vuelve a reintroducir sin publicidad ni proceso de información pública ni sometimiento a declaración de impacto el objetivo del aprovechamiento hidroeléctrico en detrimento de la utilización de la presa para el objetivo primordial e irrenunciable de laminar avenidas».

Hay que recordar que en el proyecto inicial de la presa, en el año 1991, se recogían entre los principales objetivos el abastecer a Ciudad Rodrigo y núcleos próximos, regar unas 14.000 hectáreas brutas, aprovechar hidroeléctricamente el río, regular sus aportaciones, laminar sus avenidas y mantener un caudal ecológico suficiente».

:: Cambio de objetivos
Es después cuando la Dirección General de Obras Hidráulicas reduce estos objetivos y el proyecto de la presa de Irueña se centra en «la laminación de avenidas, renunciando al objetivo del aprovechamiento hidroeléctrico».

Sin embargo, aunque la ejecución material del proyecto comienza a finales de 1997, la Dirección General, según indican los ecologistas, aprueba una serie de modificaciones del proyecto entre las que incluye el aprovechamiento hidroeléctrico, «un objetivo contradictorio con el primordial de laminación de avenidas».

Asimismo, Ecologistas en Acción hizo referencia a la pasada cumbre hispano-lusa celebrada en octubre en Santiago, donde se alcanzó el acuerdo de crear una línea de alta tensión entre Arribes y Portugal. Esta inconcrección en la zona española, señaló el portavoz, «es llamativa», ya que podría tratarse «de aprovechar esta presa» proyectada en El Bodón, sobre los ríos Águeda y Mayas, así como la central térmica de ciclo combinado que se pretende instalar en Moral de Sayago.
 

La ONG Ecologistas en Acción reitera su petición de que Irueña se plantee como presa de agujero, una vez que la Audiencia Nacional ha solicitado un informe al ingeniero responsable de su construcción para estudiar la viabilidad de la postura planteada por los ecologistas. Además, han remitido una denuncia a la UE contra el Gobierno por vulnerar la legislación ambiental.